Categoría: Comunicados

Consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Publicada en 15 febrero, 2019 Les compartimos la Consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción por José Octavio López Presa. Formato PDF: Consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción Extracto íntegro del documento: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION México es una República representativa, democrática, laica y federal compuesta por Estados libres y soberanos; y cuenta con Tres Poderes y Organismos ConstitucionalesAutónomos.Como mexicanos aspiramos a tener un país donde cada persona cuente, tenga derechos y oportunidades, y cumpla con la ley. Lamentablemente, aún estamos lejos del país que anhelamos porque todos los días se viola el Estado de Derecho y se cometen actos de corrupción que en su mayoría quedan impunes. Y nada hay más pernicioso para una sociedad que la impunidad de los actos de corrupción. Es alentador y de la mayor importancia que el Presidente de la República esté comprometido con esta causa. La lucha contra la corrupción y la impunidad no será fácil ni breve, y no es tarea de una sola persona. En esta lucha debemos participar la gran mayoría de los mexicanos, sobretodo quienes ocupamos posiciones de dirección en gobierno y el sector privado. La experiencia internacional muestra que los países que estuvieron plagados de corrupción y que lograron combatirla con éxito y efectividad, lo hicieron a través de la profesionalización, meritocracia e independencia de sus Órganos de Administración, Procuración e Impartición de Justicia. México no avanzará en el combate a la corrupción si las instituciones responsables están capturadas y actúan por consiga, privilegiando intereses políticos, partidistas o de grupos de poder públicos o privados. Con la reforma constitucional de 2015 y las leyes reglamentarias de 2016 México cuenta con un Sistema Federal Anticorrupción y 32 Sistemas Estatales Anticorrupción. En conjunto forman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Sin excepción requerimos que las instituciones que integran el SNA actúen de manera profesional, tengan en sus cuadros directivos a individuos de probada honorabilidad, comprometidos públicamente a tener conductas éticas. Necesitamos también que las instituciones que integran el SNA mejoren sus procedimientos internos y colaboren estrechamente entre sí, para que sus actos de autoridad sean justos y ágiles. El objetivo último es mejorar la vida de los ciudadanos, en particular la de los más pobres, pues son precisamente ellos los más afectados por la corrupción y la impunidad. Los mexicanos necesitamos creer en las instituciones del Estado responsables del combate a la corrupción. Es oportuno recordar las palabras del Presidente Benito Juárez: “Siempre he procurado hacer cuanto ha estado en mi mano para defender ysostener nuestras instituciones. Ha sido mi único fin proponeros lo que creomejor para vuestros más caros intereses, que son afianzar la paz en el porvenir yconsolidar nuestras instituciones” Para consolidar el SNA es necesario trabajar en 4 ejes conocidos como las 4 I: Instituciones, Individuos, Información e Índices. PRIMER EJE (INSTITUCIONES)Las instituciones del SNA deben demostrar con hechos concretos que cumplen con la ley, a la vez que imparten justicia sin sesgos políticos, partidistas o en favor de algún grupo de poder; es decir, que actúan con independencia. El grado de independencia de una institución se determina por: 1) los perfiles y las formas de nombrar y remover a sus cuerpos directivos; 2) la existencia y calidad del servicio profesional de carrera; y, 3) su gestión y resultados. Es mayor la independencia cuando en los puestos directivos los candidatos son evaluados de forma objetiva y transparente, y los nombramientos recaen en personas de incuestionable honorabilidad que cuentan con una sólida y pertinente trayectoria profesional. Existe mayor independencia si la institución cuenta con un servicio profesional de carrera donde los puestos se concursan a través de evaluaciones meritocráticas, imparciales y transparentes; y cuando se garantiza protección a los servidores públicos para que puedan realizar actos de autoridad o denunciar hechos de corrupción sin temor a remociones arbitrarias y/o represalias contra ellos, sus familias y su patrimonio. Es mayor la independencia cuando la gestión, los resultados, actos de autoridad y resoluciones de la institución son imparciales; cuando rinde cuentas, asume la transparencia, el acceso a la información y protege lo que efectivamente son datos confidenciales o reservados. Por ello, es necesario medir el grado de independencia que tienen las Secretarias de Contraloría, las Fiscalías Anticorrupción, los Órganos Garantes de Transparencia, los Tribunales Administrativos, los Poderes Judiciales y las Auditorías Superiores, a nivel Federal y Estatal. SEGUNDO EJE (INDIVIDUOS)El control de pares ha sido el mejor método para impulsar la ética entre los profesionistas en los países que más avances han logrado en el combate a la corrupción, y donde los abogados y los contadores han sido punta de lanza en este empeño. A México le falta adoptar mejores prácticas internacionales en esta materia. A guisa de ejemplo, la probabilidad de que un abogado en Reino Unido sea corrupto es muy baja. Para ser abogado el interesado debe presentar dos exámenes: uno de conocimientos y otro de Ética. Si falla el de Ética no será abogado. Ya como practicante, todo abogado en Reino Unido está expuesto a que cualquier persona, empresa o institución presente una queja ante los colegios de abogados del país por presunción de conductas contrarias a la Ética. El caso es analizado por un Comité de Honor y Justica con derecho de audiencia y aportación de pruebas. Si la conducta fue violatoria de la Ética, esa persona no volverá a ejercer la abogacía. Este procedimiento aplica igualmente a jueces, magistrados, fiscales y ministerios públicos… Hace un año los tres Colegios Nacionales de Abogados: El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, la Barra Mexicana de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa anunciaron la creación del Consejo General de la Abogacía y desde entonces han venido trabajando en la integración de un Código de Conducta Único con el fin de invitar a los abogados del país a firmarlo. Con ello la sociedad podrá consultar el registro en Internet y saber qué abogados están comprometidos con la ética. La iniciativa del Consejo General de la Abogacía marcará un hito en favor del combate a la corrupción y la impunidad, y

Discurso José Octavio López Presa como nuevo presidente del Comité de Participación Ciudadana

Publicada en 8 febrero, 2019 A continuación les dejamos las líneas discursivas de José Octavio López Presa como nuevo Presidente del Comite de Participación Ciudadana. Versión en PDF: Líneas Discursivas Toma de Protesta José Octavio López Presa Feb 8 2019 Extracto íntegro del discurso: “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala” BENITO JUAREZ GARCIA Como lo establece el artículo 40 de nuestra Constitución, México es una república representativa, democrática, laica y federal compuesta por Estados libres y soberanos. Cuenta con tres poderes y con organismos constitucionales autónomos. Como mexicanos aspiramos a tener un país donde cada persona cuente, tenga derechos y oportunidades, y cumpla con la ley. Lamentablemente, aún estamos lejos del país que anhelamos porque todos los días se viola el Estado de Derecho y se cometen actos de corrupción que en su mayoría quedan impunes. Y nada hay más pernicioso para una sociedad que la impunidad de los actos de corrupción. Es alentador y de la mayor importancia que el Presidente de la República esté comprometido con esta causa. La lucha contra la corrupción y la impunidad no será fácil ni breve, y no es tarea de una sola persona. En esta lucha debemos participar la gran mayoría de los mexicanos, sobre todo quienes ocupamos posiciones de dirección en gobierno y el sector privado. La experiencia internacional muestra que los países que estuvieron plagados de corrupción y que lograron combatirla con éxito y efectividad, lo hicieron a través de la profesionalización, meritocracia e independencia de sus órganos de administración, procuración e impartición de justicia. México no avanzará en el combate a la corrupción si las instituciones responsables están capturadas y actúan por consigna, privilegiando intereses políticos, partidistas o de grupos de poder públicos o privados. Sin excepción requerimos que las instituciones que integran al SNA y los SEAs actúen de manera profesional, tengan en sus cuadros directivos a individuos de probada honorabilidad, comprometidos públicamente a tener conductas éticas. Necesitamos también que las instituciones que integran el SNA y los SEAs mejoren sus procedimientos internos y colaboren estrechamente entre sí, para que sus actos de autoridad sean justos y ágiles. Es indispensable culminar la conformación del SNA: alrededor de 10 estados aún no integran sus SEAs; y a nivel federal, falta una de las piezas clave: El Fiscal Anticorrupción. Las reformas en materia penal a nivel federal, que consignan los delitos de corrupción, no han podido entrar en vigor, precisamente por la carencia de tan importante pieza en la procuración de justicia. El día hoy tengo el honor de asumir con plena convicción y compromiso la Presidencia del CPC y del SNA. He tenido la gran satisfacción y privilegio de apoyar a dos mexicanas que con entusiasmo, entrega y valentía asumieron cada una la Presidencia del CPC y del SNA. Me refiero a Jacqueline Peschard y a Mariclaire Acosta, a quienes agradezco sus aportaciones en la construcción del Sistema. Asumo este compromiso consciente de que hay tareas pendientes. Entre otros: los formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses; la política nacional anticorrupción y el nombramiento de fiscal federal anticorrupción. El objetivo último es mejorar la vida de los ciudadanos, en particular la de los más pobres, pues son precisamente ellos los más afectados por la corrupción y la impunidad. Durante mi gestión propongo trabajar en 4 ejes, que he denominado las 4 I: Instituciones, Individuos, Información e Índices. PRIMER EJE (INSTITUCIONES) CONSOLIDAR A LAS INSTITUCIONES DEL SNA Y LOS SEAS. Los mexicanos necesitamos creer en las instituciones del Estado responsables del combate a la corrupción. Es oportuno recordar las palabras del Presidente Benito Juárez, y cito: “Siempre he procurado hacer cuanto ha estado en mi mano para defender y sostener nuestras instituciones. He demostrado en mi vida pública que sirvo lealmente a mi patria y que amo la libertad. Ha sido mi único fin proponeros lo que creo mejor para vuestros más caros intereses, que son afianzar la paz en el porvenir y consolidar nuestras instituciones” Para consolidarse, las instituciones del SNA y los SEAs deben demostrar con hechos concretos que cumplen con la ley, a la vez que imparten justicia sin sesgos políticos, partidistas o en favor de algún grupo de poder; es decir, que actúan con independencia. A mi juicio, son tres los factores que definen el grado de independencia de una institución: 1) los perfiles y las formas de nombrar y remover a sus cuerpos directivos; 2) la existencia y calidad del servicio profesional de carrera; y, 3) su gestión y resultados. Existe mayor independencia cuando en los puestos directivos, los candidatos son evaluados de forma objetiva y transparente, y los nombramientos recaen en personas de incuestionable honorabilidad que cuentan con una sólida y pertinente trayectoria profesional. Existe mayor independencia si la institución cuenta con un servicio profesional de carrera donde los puestos se concursan a través de evaluaciones meritocráticas, imparciales y transparentes. Mayor es la independencia cuando se garantiza protección a los servidores públicos para que puedan realizar actos de autoridad o denunciar hechos de corrupción sin temor a remociones arbitrarias y/o represalias contra ellos, sus familias y su patrimonio. En tercer término, existe mayor independencia cuando la gestión, los resultados, actos de autoridad y resoluciones de la institución son imparciales; cuando rinde cuentas, asume la transparencia, el acceso a la información y protege lo que efectivamente son datos confidenciales o reservados. Por ello, sostengo que para consolidar a las instituciones del SNA y los SEAs es necesario medir el grado de independencia que tienen las secretarias de contraloría, las fiscalías anticorrupción, los órganos garantes de transparencia, los tribunales administrativos, los poderes judiciales y las auditorías superiores, a nivel federal y estatal. Propongo a los CPCs y a los CC del país que

Índice de Percepción Anticorrupción 2018: Transparencia Mexicana

Publicada en 29 enero, 2019 Los invitamos a conocer el comunicado de Transparencia Mexicana, sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2018; México cae 3 lugares. Desmantelamiento de redes de corrupción y recuperación de activos, prácticamente inexistentes y más. Liga Oficial: https://www.tm.org.mx/ipc2018/  Versión PDF: IPC 2018 Comunicado de Prensa

Entrevista a Mariclaire Acosta “Corruptos, que Paguen”

Publicada en 14 enero, 2019 Los invitamos a conocer la interesante entrevista realizada a Mariclaire Acosta “Corruptos, que paguen” a través del Heraldo de México. Vínculo hacia el texto: https://heraldodemexico.com.mx/pais/corruptos-que-paguen-mariclaire-acosta/  Texto integro extraido del artículo: “CORRUPTOS, QUE PAGUEN” La principal causa de la corrupción es la impunidad, considera 42 por ciento de los mexicanos que participaron en la encuesta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. En el documento también se detalla que el mismo porcentaje de los mexicanos coincide en que la principal propuesta para el combate a la corrupción es la investigación y sanción de los corruptos, incluidos los que están dentro de las instituciones y autoridades de justicia. “La prioridad número uno de una política nacional anticorrupción debe de ser combatir la impunidad, es decir, sancionar a los corruptos y que haya consecuencias de estos actos indebidos”, explica la presidenta del Comité, Mariclaire Acosta Urquidi. En entrevista con El Heraldo de México adelantó que una de las propuestas en la política nacional anticorrupción para combatir esta problemática es castigar a ciudadanos y servidores que comentan actos de corrupción, según coincidieron 47 por ciento de los encuestados. “Esto habla de que la sociedad se empieza a hacerse cargo de que también contribuye al fenómeno de la corrupción, porque no es un problema solo del gobierno, sino que también tiene que ver conmigo (como ciudadano)”, agrega. —La encuesta indica que los ciudadanos reconocen que la impunidad es el factor que no ayuda a combatir la corrupción, pero parece que la nueva administración federal quiere hacer un borrón y cuenta nueva. —Ése es un tema muy importante que yo creo que debemos debatir. Yo quiero entender que esta nueva administración se está refiriendo a estos juicios ejemplares o estos castigos ejemplares que se hacían de algún funcionario público o de algún dirigente sindical que después o salen de prisión sin que se les haya podido comprobar nada, o pasan años en prisión, pero eso no modifica en nada los comportamientos ni de sus sindicatos, ni de otros sindicatos ni de otras agrupaciones ni instituciones. Hay un debate público sobre el tema de la corrupción, se ha hecho un trabajo importante y entonces, ahora sí que el pueblo es sabio y es evidente que si no hay castigo eficaz los comportamientos van a continuar (…) la Secretaría de la Función Pública ha anunciado que va a crear una subsecretaría de combate a la impunidad, entonces yo creo que sí hay una intención de hacerlo. ¿Cuál es el objetivo de la política nacional anticorrupción? Es un mandato de ley. El comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción tiene la obligación de desarrollar una propuesta de política nacional anticorrupción y el comité coordinador le concedió esta facultad al comité de participación ciudadana. La idea es generar esta propuesta para que quede plasmada en el plan nacional de desarrollo. ¿Qué tanto ayuda o no a combatir la corrupción disminuyendo los salarios de los funcionarios públicos? La verdad todavía no tengo la respuesta y se lo digo con toda honestidad. Me parece que más que disminuir la corrupción van a disminuir los privilegios y de disminuir la actitud de que yo me merezco todo porque soy un funcionario de alto nivel y creo que es muy importante, creo que es un cambio cultural que necesitamos urgentemente en este país. Por Ricardo Ortiz

Palabras de Mariclaire Acosta en la presentación de Resultados de la Política Nacional Anticorrupción.

Publicada en 10 enero, 2019 Si no tuviste oportunidad de atender a la Presentación de la Política Nacional Anticorrupción el 18 de diciembre de 2018, te dejamos a continuación el vínculo que te llevará a las letras discursivas por parte de Mariclaire Acosta en dicho evento. Liga al archivo en pdf : Entrega de Resultados de la Política Nacional Anticorrupción Discurso Texto integro extraido del artículo:  Política Nacional Anticorrupción en México Entrega pública de resultados. 18 de diciembre 2018 Palabras de Mariclaire Acosta Muy buenas tardes tengan todos ustedes, les agradezco mucho que nos acompañen en este día tan importante, que representa para nosotros una parada muy importante en nuestro camino. En este contexto, y gracias a las presiones de la sociedad, surgió el Sistema Nacional Anticorrupción, como un mecanismo de coordinación de esfuerzos de diferentes entidades públicas para luchar contra la corrupción, y donde la sociedad participa activamente en una institución del Estado. Como bien sabemos, hemos tenido muchos obstáculos y rezagos, pero la construcción del sistema en toda la República ha avanzado con relativa rapidez en su corta existencia. Sin recursos los ciudadanos que conformamos el Sistema hemos aprendido a hacer mucho con casi nada. Hemos aprendido a manejar la riqueza de la pobreza, como decía Facundo Cabral. El sistema cuenta actualmente con 28 Comités de Participación Ciudadana en igual número de entidades federativas, lo cual es un avance significativo en muy poco tiempo. Quiero aprovechar la ocasión para saludar a los CPCs aquí presentes, y agradecer su entusiasmo y apoyo en todas las iniciativas que hemos emprendido. Hemos recorrido un intenso camino hasta el día de hoy. A mediados de 2017, bajo la presidencia de Jacqueline Peschard, el Comité Coordinador de Participación Ciudadana acordó la realización de una Consulta Pública Nacional para la elaboración de una Política Nacional Anticorrupción, buscando la participación de un grupo de especialistas para la elaboración de un documento base que pudiese utilizarse en la batalla para erradicar la corrupción en todo el país. Desde el año pasado, y a lo largo del presente año, la estrategia se fue ensanchando para incorporar a amplios sectores de la población. Se trabajó de manera incansable y con la participación de diferentes instituciones y organizaciones para crear los ejes centrales de la Política Nacional Anticorrupción. Fueron muchas, muchísimas organizaciones las que participaron. Y me permito mencionar, sin el ánimo de excluir a muchas organizaciones, a la Red por la Rendición de Cuentas, que llevó a cabo una serie de diálogos con decenas de agrupaciones, y al Observatorio de la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que desarrolló la metodología con entrevistas y encuestas a profundidad, para recoger y sistematizar la información que nutre a la Política Nacional Anticorrupción. Lo nuevo y lo más importante de este ejercicio fue que las líneas centrales de la política no fueron diseñadas solamente en los escritorios de los especialistas. La participación fue cada vez más nutrida. Las cifras son indicativas. En la Consulta Ciudadana participaron 19,416 ciudadanos, y en los Foros Regionales participaron 950 miembros de los sistemas locales, servidores públicos, académicos e integrantes de las organizaciones sociales, como ya se ha dicho. Y aquí tenemos que mencionar que mientras realizamos este ejercicio el país experimentó un cambio de gobierno muy importante, con una enorme participación democrática en las casillas electorales. Y ahora vemos que fue una participación que no se quedó conforme con la simple emisión del voto. Hoy en día tenemos una efervescencia social como no la tuvimos en los años previos. A diario salen a la luz decenas de temas de interés nacional, todo se pone a discusión, muchísimos mexicanos quieren participar en los asuntos que nos conciernen a todos. Y esta ebullición se reflejó en el proceso de elaboración de la Política Nacional Anticorrupción. En ella no solamente se recogieron datos, sino que se registró una participación ciudadana que pone en evidencia el interés de la sociedad en el tema. Por eso el día de hoy es muy importante. Hoy presentamos un documento que recoge en esencia el sentir, el pensar, los diagnósticos y las exigencias de los ciudadanos sobre la corrupción y la manera de combatirla. Y nos entusiasma el hecho de que otras instituciones, como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y varias consultorías que realizan encuestas, arrojen resultados semejantes a los nuestros. Para el INEGI, en su información más reciente, el 91.1% de los ciudadanos ven a la corrupción como un problema público de gravedad, y el 82.2% de las empresas coinciden con esa percepción. Además, el ejercicio que realizamos tuvo muchas coincidencias con otros ejercicios realizados a nivel internacional -como las Consultas Ciudadanas Europeas realizadas en los estados miembro de la Unión Europea el presente año-, y cuenta con una revisión previa de los especialistas del Banco Mundial. En la Consulta Ciudadana se invitó a la ciudadanía a realizar una encuesta, con el fin de conocer las percepciones de los ciudadanos sobre la naturaleza, las causas y posibles soluciones para combatir el problema de la corrupción. De los 19,416 ciudadanos que ingresaron a la consulta, 14,079 terminaron completamente la encuesta. Para la mayoría de los participantes en esta consulta, la corrupción es toda acción fuera de la ley cometida por cualquier persona, y tiene como causa inmediata y fundamental a la impunidad. Además, los participantes señalaron que la lucha contra la corrupción debe combatirse con un cambio de nuestro comportamiento diario, y que en el ámbito nacional resulta primordial sancionar a los responsables de los actos de corrupción. En nuestro ejercicio llevamos a cabo, también, una serie de entrevistas a profundidad a 64 expertos y ciudadanos en 8 entidades federativas, y con base a ellas llegamos a detectar un núcleo semántico a nivel nacional, que logra cierta uniformidad y va más allá de las diferencias sociales, políticas y económicas de los actores entrevistados. En dicho núcleo, los hallazgos más importantes son que el desvío de recursos y el soborno son temas muy importantes al analizar la

Documento propuesta #PolíticaNacionalAnticorrupción

Publicada en 19 diciembre, 2018 La propuesta de Política Nacional Anticorrupción es resultado del análisis de datos oficiales y evidencia generada por distintas instancias de la sociedad civil; además integra diversos insumos provenientes de una Consulta Pública que permitió dar voz a diversos sectores mediante la instalación del Consejo Consultivo, una Consulta ciudadana en línea y ocho Foros Regionales. Les dejamos la liga al sitio oficial: https://www.gob.mx/sesna/articulos/propuesta-de-politica-nacional-anticorrupcion-185184 

“La agenda anticorrupción” por el Dr. Alfonso Hernández V.

Publicada en 14 diciembre, 2018 Los invitamos a leer y difundir el artículo “La agenda anticorrupción” escrito del Dr. Alfono Hernández Valdez integrante del Comité de Participación Ciudadana donde enfoca diez áreas pendientes en la política anticorrupción. Liga hacia el artículo: http://www.revistafolios.mx/dossier/la-agenda-anticorrupcion Texto integro extraido del artículo: La agenda anticorrupción El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. A partir de esta reforma constitucional se promulgaron siete leyes secundarias, entre ellas la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (Ley) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). Este paquete legislativo representa una nueva estrategia para combatir la corrupción en México, la cual está basada en dos premisas. La primera tiene que ver con las instituciones. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) apuesta a la coordinación de las instituciones (tanto las nuevas como las ya existentes) para generar políticas y acciones más eficaces para prevenir, detectar y sancionar posibles faltas administrativas y hechos de corrupción. Y la segunda tiene que ver con la incorporación formal de la ciudadanía dentro del trabajo del SNA y como parte fundamental de la coordinación interinstitucional que se requiere para que este funcione. Es una de las innovaciones que presenta esta nueva estrategia y se materializa con la creación del Comité de Participación Ciudadana (CPC), integrado por cinco ciudadanos. El sistema inició funciones durante octubre de 2016, cuando el Senado de la República constituyó la Comisión de Selección, formada por nueve personas, y que es la encargada de nombrar a los integrantes del CPC. Este a su vez quedó constituido por primera vez en febrero de 2017, cuando los miembros de la Comisión de Selección tomaron protesta a los integrantes del Comité. De modo que la maquinaria institucional que representa el sistema apenas ha dado sus primeros pasos, y si bien se han colocado algunos de sus cimientos, existe una agenda pendiente para consolidar no solo el SNA sino el control y el combate a la corrupción de modo más general. A continuación, se apuntan diez temas de esta agenda. Estos de ningún modo agotan los pendientes para avanzar en materia de anticorrupción. Pero constituyen una propuesta, desde el punto de vista del autor, que puede contribuir al ordenamiento de las ideas y el debate respecto a cómo abordar la gran cantidad de tareas que como sociedad debemos atender para combatir uno de los mayores flagelos contemporáneos: la corrupción dentro y fuera del gobierno. 1. El formato de declaración patrimonial y de intereses De acuerdo con los artículos 29, 34 y 48 de la LGRA, el Comité Coordinador del SNA, a propuesta del CPC, emitirá el formato de declaración patrimonial y de intereses en sus versiones electrónica e impresa, así como las normas que contengan las instrucciones para su llenado y presentación. La inclusión de este formato dentro de la nueva LGRA fue resultado de una demanda social (epitomada por la iniciativa ciudadana de Ley 3 de 3) que exigía mayor información para analizar la evolución patrimonial de los funcionarios públicos y para controlar sus posibles conflictos de interés dentro del servicio público. A la fecha, el Comité Coordinador ha aprobado el formato y las normas presentadas por el CPC. Aunque se ha incluido un gran número de campos de información relativos al patrimonio de los funcionarios públicos y el de sus cónyuges y dependientes directos, la principal innovación respecto a formatos anteriores está en el apartado de la declaración de intereses. En ella será posible tener datos sobre las empresas, sociedades, asociaciones, membresías o representaciones en las que participan los servidores públicos, así como información sobre sus socios comerciales y clientes principales, en caso de que existan relaciones de este tipo. Con la aprobación del formato, los retos principales serán al menos de tres tipos. El primero se relaciona con la delimitación del tipo de funcionario que deberá llenar la declaración completa. Si bien las normas del formato definen tres grupos de funcionarios públicos (los dos primeros deberán presentar toda la declaración), siempre habrá excepciones o claroscuros sobre el tipo de función que realiza un servidor público y por tanto el grupo al que pertenecería (el tercer grupo solo completará un formato muy simplificado). El segundo reto tiene que ver con la tarea de capacitar a las áreas responsables de exigir y supervisar la entrega del formato dentro de las dependencias públicas, ya que este solicita información que nunca antes se había pedido en el servicio público mexicano. Y el tercero se relaciona con la entrada en vigor y la implementación del formato en todo el gobierno mexicano, que incluye a los tres poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno. Es previsible que existan resistencias, dudas y deficiencias institucionales que obstaculicen, retarden o dificulten la presentación del formato por parte de todos los funcionarios públicos del país, y por ello tendrán que preverse estrategias que minimicen las barreras de llenado y captura de la información. 2. La política nacional anticorrupción Según el artículo noveno de la Ley, el Comité Coordinador del SNA deberá aprobar, diseñar y promover la política nacional anticorrupción (PNA). El CPC puede opinar y realizar propuestas sobre esta, y en la actualidad ha puesto en marcha el proceso para su elaboración a partir de dos grandes ejes de consulta. El primero tiene que ver con la confección del documento denominado “Hacia una política nacional anticorrupción. Bases para una discusión pública”, elaborado por la Red por la Rendición de Cuentas. Este fue puesto a disposición del CPC y se encuentra en una fase de consulta con actores principalmente de la academia. Y el segundo se relaciona con un proceso de consulta amplio, tanto a nivel ciudadano (a través de una encuesta que puede ser contestada por Internet) como a partir de foros regionales donde participarán miembros de la sociedad civil, de los CPC de los estados y funcionarios públicos, y cuyo propósito será

Por qué AMLO no puede poner ‘punto final’ a la historia de corrupción.

Publicada en 13 diciembre, 2018 Los invitamos a conocer el interesante artículo “Por qué AMLO no puede poner ‘punto final’ a la historia de corrupción”, escrito por el Dr. Luis Manuel Pérez de Acha integrante del Comité de Participación Ciudadana, publicado en el New York Times el 10 de diciembre de 2018.  Liga hacia el artículo: https://www.nytimes.com/es/2018/12/10/opinion-corrupcion-amlo/  Texto integro extraido del artículo: CIUDAD DE MÉXICO — La lucha contra la corrupción estuvo en el centro de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Para muchos, esa fue la clave de su triunfo en las elecciones del 1 de julio. La propuesta de acabar con la corrupción y la impunidad la refrendó en su discurso inaugural como presidente de México. Pero en un inesperado giro, AMLO, como mejor se le conoce, propuso “un punto final a esta horrible historia [de corrupción]”. Mejor, propuso: “Empecemos de nuevo […], que no haya persecución a los funcionarios del pasado”. La intención de AMLO se desentiende de la esencia represiva del derecho penal. La privación de la libertad es el último recurso del Estado para inhibir la realización de conductas nocivas para la sociedad, incrementar la percepción de riesgo en los ciudadanos y disminuir en ellos la sensación de impunidad. Por ello, las autoridades están obligadas a castigar la corrupción como mecanismo óptimo para prevenirla. Pero si el planteamiento de López Obrador se materializa, los ganadores serán los corruptos: no expiarán sus culpas en prisión ni restituirán el dinero que desfalcaron. Con el “punto final”, el gobierno mexicano incumpliría con su responsabilidad de investigar y sancionar penalmente la corrupción. Acorde con la Constitución y los tratados internacionales, la amnistía es inviable e, incluso, contraproducente para el propio presidente en su intención de combatir la corrupción a futuro. La Constitución obliga a las autoridades a investigar, perseguir y sancionar la corrupción. Este compromiso también fue asumido por México en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupcióne, incluso, el país se obligó a luchar contra la corrupción como medida para potenciar el desarrollo económico y garantizar, en condiciones de igualdad, la competitividad entre empresas nacionales y extranjeras tanto en el reciente tratado de libre comercio con la Unión Europeacomo en el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Las leyes penales tienen que aplicarse respecto a todos los delitos, sin distingo ni prerrogativa alguna. Conforme al derecho internacional compilado por la ONU, la amnistía es inaceptable respecto de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como violencia de género y privación sistemática de servicios de educación, salud y alimentación. En estos delitos, la corrupción es una constante. En México, la corrupción es causa inmediata de violaciones graves de derechos humanos, como lo demuestran los 38.000 desaparecidos —entre ellos los 43 estudiantes de Ayotzinapa— así como los más de 237.000 homicidios dolosos y los 13.000 secuestros acumulados en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU concede a las víctimas “un recurso efectivo”, como garantía de reparación de los daños sufridos. Para las víctimas y sus familiares el perdón a los corruptos anularía ese derecho. Para el gobierno mexicano, la persecución de la corrupción no es una alternativa y sin duda no puede ser una herramienta política. En tanto existan leyes penales que la castiguen, los fiscales están obligados a investigar los delitos y los jueces a condenar a los corruptos. No hacerlo sería incompatible con la ley e inaceptable, por lo que cualquier esquema de “punto final” resultaría inconstitucional. En un escenario ideal, todos los delitos tendrían que perseguirse y los delincuentes terminar en prisión. Sin embargo, es común que la insuficiencia de recursos humanos y las limitaciones en las cárceles imposibilitan, en la práctica, esos objetivos. La política criminal ha sido, por tanto, la que determina qué delitos se persiguen sin excepción —homicidio, secuestro y narcotráfico— y los crímenes —fraude fiscal, lavado de dinero y corrupción— que solo se penalizan en casos grandes y significativos. El perdón generalizado y retroactivo impediría la consecución de estos propósitos. El combate a la corrupción no es una decisión unilateral de AMLO, ni siquiera con el respaldo de una consulta popular. En términos constitucionales, la corrupción no es un delito que dependa solo del presidente: la fiscalización del dinero público compete a la Auditoría Superior de la Federación y la persecución de los crímenes corresponderá a la Fiscalía General de la República. Finalmente, será el Poder Judicial el que condene a los responsables. La corrupción afecta el patrimonio del Estado, el funcionamiento de los órganos de gobierno y la calidad de los servicios públicos. Ejemplo de ello son los desfalcos por 88.405 millones de pesos reportados por la Auditoría Superior de la Federación de recursos destinados a salud pública en cinco años. Pero también la corrupción ha sido la responsable de muertes: en el sismo del 19 de septiembre de 2017 que desveló el problema de la impunidad inmobiliaria en Ciudad de México. La percepción en México es que los políticos, los gobernantes y sus aliados empresariales son una casta impune. El perdón les prorrogaría ese privilegio en forma vitalicia. La inacción del expresidente Peña Nieto es la mejor muestra de ello: su gobierno se limitó a la presentación de numerosos planes y programas contra la corrupción y al lanzamiento estelar del Sistema Nacional Anticorrupción en mayo de 2015, saboteado por el propio gobierno federal. Esto explica que en los índices de percepción de la corrupción de 2015 a 2017, elaborados por Transparencia Internacional, México descendiera del lugar 95 al 135. Un desplome de cuarenta posiciones en apenas dos años, para ocupar el peor nivel entre los miembros del G20 y de la OCDE. Al perdonar a los corruptos, la tendencia podría empeorar. A diferencia de Brasil, Perú, Colombia y otros países sudamericanos, el caso Odebrecht es quizás la mayor evidencia de la impunidad en México. A finales de noviembre, la Procuraduría General de la República, autoridad competente para perseguir y denunciar la corrupción, reiteró su negativa a hacer pública la información relacionada con la investigación penal, pese a que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitiera

“El Universo por recorrer en el Combate a la Corrupción” por Mariclaire Acosta Urquidi

Publicada en 3 diciembre, 2018 Los invitamos a concer la publicación de Mariclaire Acosta “El Universo por recorrer en el Combate a la Corrupción” a través de Brujula Ciudadana, la cual es una publicación digital mensual que ofrece un espacio de análisis y reflexción para contribuir a la generación de opinión pública sobre temas de interés ciudadano mediante informaicón plural y de calidad para la toma de decisiones. Texto de Mariclaire Acosta en PDF: El Universo por recorrer en el Combate a la Corrupción Liga hacia Bújula Ciudadana para conocer el número completo “Fin a la Corrupción el Gran Desafío” con aportaciones de diferentes autores: https://www.iniciativaciudadana.org.mx/brujulaciudadana